La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha sido condenada por el Juzgado de lo Social n º 5 de Alicante a pagar indemnizaciones de hasta 49.000 euros a todos los profesionales sanitarios que estuvieron expuestos al Covid-19 durante la primera ola por la falta de material de protección.
Según señalan desde el juzgado, hubo un incumplimiento de las medidas de prevención individual, lo que significó un riesgo grave para la salud y la seguridad de todos los trabajadores sanitarios, en especial para el personal facultativo, dada su exposición directa al virus. A su vez, la Justicia sostiene que la Conselleria esta en la obligación, en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de adoptar medidas y medios de protección individuales y colectivos, habiendo sido esta obligación infringida desde que se tuvo conocimiento de una pandemia de Covid-19 y, en especial, tras la declaración del estado de alarma.
Las indemnizaciones que la Conselleria tendrá que abonar, dependerán de caso en particular y serán las siguientes:
- En el caso de los trabajadores que fueron forzados a cumplir sus obligaciones laborales sin los elementos de protección necesarios, las indemnizaciones son de 5.000 €.
- Para los trabajadores que tuvieron que ser aislados por contacto con afectados por el virus, las indemnizaciones serán de 15.000 €.
- Para el personal sanitario que no precisó de ingreso hospitalario, pero se contagiaron, las indemnizaciones serán de 35.000 €.
- En el caso de aquellos que se contagiaron y requirieron ingreso hospitalario, las indemnizaciones serán de 49.180 €.
Asimismo, el Juzgado obliga a la Conselleria a adoptar, de manera inexcusable, las medidas de protección necesarias tras una previa evaluación por los servicios de prevención correspondientes de todos los riesgos y puestos de trabajo. También deberán dotar a los profesionales de medios de transporte y de protección individual para la atención domiciliaria, ya sea en jornada ordinaria o en atención continuada. Por otro lado, se ha trasladado al Gobierno de forma reiterada la necesidad del desarrollo de medidas legales necesarias para que el Covid-19 y sus secuelas sean reconocidas como enfermedad profesional, lo que permitiría evitar que los profesionales sanitarios tengan que interponer reclamaciones administrativas y/o judiciales.