Mes: julio 2021

La demanda presentada por el empresario hostelero de Granada ha sido estimada íntegramente por el juzgado. Generali España S.A. ha sido condenada a pagar la cantidad de 80.000 euros más los intereses, además de las costas judiciales derivadas del procedimiento.

Se trata de una de las primeras sentencias que estima una demanda a la compañía aseguradora por la pérdida de ingresos como consecuencia de la pandemia. Además del caso que nos ocupa, solo ha habido dos sentencias más al respecto, ambas de la Audiencia Provincial de Girona. En los dos casos, las compañías de seguros fueron condenadas a indemnizar a los negocios asegurados.

Estas resoluciones dan esperanza a todos los negocios que tuvieron que cerrar por la pandemia del COVID-19, que tendrán que revisar las pólizas de sus seguros para comprobar que tipo de cobertura tienen, y contactar con un despacho de abogados especialista en reclamaciones a aseguradoras. Lo primero es comprobar si, en la póliza en cuestión, se habla de actividad cesante, lucro cesante o pérdida de beneficios. Si es nuestro caso, a menos que en el contrato se incluya una exclusión explícita por COVID-19, lo más probable es que podamos reclamar a la compañía de seguros.

En los contratos de seguros, las aseguradoras pueden incluir cláusulas limitativas. Estas, modifican o restringen las condiciones del seguro cuando se producen determinados hechos, como por ejemplo la pandemia provocada por el COVID. Se trata de cláusulas que se rigen por un régimen especial, pensado para ofrecer una mayor protección a los asegurados, por lo que deberán ser redactadas de manera clara y precisa, y además, ser aceptadas de manera específica por escrito. Las cláusulas limitativas también deberán ser destacadas o resaltadas sobre la póliza en general, de manera que no pasen desapercibidas. Por otro lado, no basta con que el asegurado firme la póliza de seguros, deberá indicarse que el tomador del seguro ha leído las cláusulas limitativas y las acepta. En el caso de este hostelero de Granada, su póliza de seguros incluía una cláusula que le protegía frente a las pérdidas de beneficio. Además, no incluía ninguna cláusula limitativa por el COVID. Para la cuantificación de la indemnización, se ha tenido en cuenta que en marzo, debido al confinamiento, tuvo que cerrar el negocio además de incluir a sus trabajadores en ERTE. Por otro lado, los productos que tenía en stock en aquel momento, como el pescado, tuvo que tirarlos, generando perdidas enormes.

Durante el estado de alarma, a una joven de Madrid menor de edad, le fue impuesta una sanción de 601 euros por no cumplir con las restricciones vigentes durante el estado de alarma con motivo del COVID-19. Por otro lado, hace tan solo unos días, el Tribunal Constitucional, declaró el estado de alarma nulo e inconstitucional, por lo que en principio, las sanciones que fueron impuestas con motivo del estado de alarma, no deberían ser válidas. Ahora, a pesar de que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto a esta cuestión, la joven que fue sancionada recurrió la multa.

El juzgado, ha determinado que la decisión de inconstitucionalidad tomada debe tener efectos retrospectivos, ya que la ley que invalida debe ser anulada desde su origen. Por tanto, ha declarado que, ya que la sanción impuesta se amparaba en una ley inconstitucional, se anula la sanción.

La Audiencia Provincial de Salamanca determina que el banco deberá devolver las cuotas que cobró tras el fallecimiento del titular a sus herederos, ya que el difunto tenía contratado un seguro de vida vinculado al préstamo hipotecario.

El cliente del banco falleció en 2016, fecha en la que aún no había terminado de pagar ni su hipoteca ni su préstamo personal. El banco, por su parte, le cobró a sus herederos las cuotas de ambos préstamos hasta junio de 2017. Por este motivo, los familiares del fallecido reclamaron al banco por daños y perjuicios, ya que, en base a la doctrina del Tribunal Supremo, los bancos no podrán reclamar las cuotas a los herederos cuando haya un seguro de vida que garantice el pago, por lo que la entidad deberá exigir el saldo a la aseguradora, no a los familiares.

En el procedimiento, los familiares del difunto, demostraron que éste había contratado un seguro de vida para la amortización de créditos que, en este caso, era suficiente para cubrir la hipoteca en su totalidad y la mitad de los préstamos personales. El juzgado de Salamanca de primera instancia, condenó al banco a devolver los plazos que cobraron de manera indebida a los familiares, sin embargo, eximió al banco de pagar las costas judiciales, ya que no apreció ningún incumplimiento contractual, ni tampoco conducta reprochable al no quedar demostrado que el banco fuera conocedor del fallecimiento de su cliente en el momento que exigió los pagos.

Finalmente, el banco presentó un recurso ante la Audiencia Provincial que fue desestimado.Y, como la entidad se dirigió a los herederos en el momento de cobrar las cuotas, la AP rechaza el argumento de que el banco no fuera conocedor del fallecimiento del titular, por lo que condena a la entidad a abonar las costas del proceso judicial.

Si bet365 u otra casa de apuestas ha limitado tu cuenta, o directamente la ha bloqueado, deberás acudir a un despacho de abogados especialistas en casas de apuestas para que defiendan tus derechos.

Este tipo de situaciones son muy frecuentes, cuando un cliente de la casa de juego empieza a ganar dinero, las casas de apuestas utilizan todo tipo de métodos para impedírselo, desde cancelar sus apuestas ganadoras hasta bloquear del todo su cuenta. Se trata de practicas abusivas que van en contra de los derechos de los consumidores. Establecen cláusulas abusivas en los contratos para poder limitar y bloquear a los usuarios de forma arbitraria, de manera que a la gente que pierde dinero le permiten seguir apostando, y a los que ganan les cortan las alas lo antes posible.

Actualmente, existen muchas sentencias en contra de las casas de apuestas en este sentido, por lo que, si te encuentras en esta situación, te recomendamos acudir a un abogado especialista en  la reclamación de apuestas deportivas para defender tus intereses legales.

La casa de apuestas de la firma Betfair International incluía cláusulas, en las condiciones generales de su página, mediante las que poder limitar las ganancias de sus clientes o impedirles participar. Este hecho fue llevado a los tribunales, y el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo ha declarado las nulidad de las cláusulas que permitían a la empresa realizar este tipo de prácticas abusivas. En la sentencia, se evidencia la abusividad y la arbitrariedad de las cláusulas. Además, el magistrado señala que debe mantenerse la continuación y vigencia de la relación contractual del cliente que ha llevado el asunto a los tribunales y Betfair International.

El pasado mes de marzo, un grupo de amigos de Alcalá de Henares, hizo una serie de apuestas combinadas en la casa de apuestas Juegging. Cada uno apostó una pequeña cantidad de dinero, 4 euros por persona. Sin embargo, si ganaban la apuesta, recibirían alrededor de 1,3 millones de euros. Y ganaron.

Pero no todo era tan bonito como parecía, cuando fueron a cobrar el premio vieron que Juegging había cancelado sus apuestas, sin dar ningún tipo de explicación a los apostantes. Días después, la casa de apuestas, les dijo que la cancelación se debía a que las apuestas no eran válidas, ya que se había producido un error por parte de la empresa que sirve los datos a la casa de juego, y que Juegging no se hacía responsable. El grupo de amigos aficionado a las apuestas protestó, y la casa de apuestas les ofreció 100.000 euros para dejar el asunto zanjado. El grupo de amigos se negó.

Finalmente, los 5 amigos se han puesto en contacto con un abogado especialista en casas de apuestas, que ha logrado que su querella se admita para trámite en los Juzgados de Instrucción de Alcalá de Henares.